Sept. 2023.- El Consejo General del Poder Judicial se yergue como un órgano colegiado fundamental a nivel funcional, de vital importancia en el ordenamiento jurídico nacional. Su correcto funcionamiento cumple la función garantista por antonomasia, de asegurar la independencia de los jueces y el correcto funcionamiento de la justicia.
Todo lo que acaezca en sus plenos afecta al resto de actores jurídicos, pues los integrantes del Consejo se encargan de velar por una distribución de recursos (humanos y materiales) equitativa. Recursos que atraviesan hoy retrasos injustificados y se encuentran otorgados de manera ineficiente. Pero ¿sabes cómo afecta en concreto a los bufetes de abogados este estancamiento de la renovación de los jueces y magistrados? en nuestro bufete de abogados te lo contamos a continuación. ¡Atento!
Con el fin de preservar la imparcialidad y en consonancia con criterios democráticos, el Consejo General del Poder Judicial debe ser objeto de renovación cada 5 años, según lo establecido por el artículo 568 de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Es decir, desde la promulgación de la Carta Magna Española en 1978, una vez completado el ciclo, los 20 miembros conocidos como “vocales”, responsables a su vez de elegir a su presidente, han de ceder sus cargos, para dar paso a los siguientes jueces, magistrados y juristas de reconocida competencia.
De este modo, dado que ya había transcurrido el periodo estipulado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber sido renovado a finales de 2018, sustitución que nunca llegó a concretarse.
Esta falta de renovación de sus miembros afecta negativamente a los bufetes de abogados de toda España y a todas su áreas de actuación.
En primer lugar, los integrantes del Consejo dirigen la actividad judicial, siendo ellos los encargados de nombrar y promover a los jueces y magistrados. Sin embargo, al haberse visto su ciclo finalizado, actualmente actúan como consejo “en funciones”, lo que les coarta en su función básica de designar a nuevos jueces.
Esta restricción —que impide la renovación de plazas tanto de organismos inferiores, como del Tribunal Supremo, o el constitucional— afecta negativamente a nuestro gremio, que se ve directamente afectado al verse vulnerado nuestro derecho como abogados, a ser candidatos a acceder a los tribunales. Una última sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos corroboró este hecho, fallando a favor de los aspirantes, en relación con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a un proceso justo y al acceso a los tribunales.
Además, la carencia de un consejo debidamente renovado puede generar incertidumbre en lo que respecta a las políticas y decisiones que afectan a abogados y procuradores.
Este órgano es el encargado de proponer y promulgar nuevas normativas para asegurar una práctica legal adecuada. La ausencia de modificaciones en la configuración del consejo y sus regulaciones, conlleva inestabilidad institucional, llegando incluso —la regulación del sistema judicial—, a quedar desactualizada debido al bloqueo de los miembros del consejo.
Finalmente, al atender estos retrasos a motivos políticos, se intensifica el riesgo de politizar este cuerpo jurídico, lo que, en última instancia, puede ejercer un efecto pernicioso sobre la autonomía de los jueces. Este fenómeno también repercute de manera significativa en la ciudadanía, minando la confianza de los civiles en la integridad del sistema judicial, debilitando así los fundamentos de la justicia al suscitarse dudas sobre su imparcialidad y equidad.
En conclusión, como profesionales legales, podemos asegurar que esta situación supone un perjuicio para cualquier profesional del ámbito jurídico.
La no modificación del consejo en su debido momento hace tambalear los cimientos legales de nuestro sistema democrático, basado en los principios de la separación de poderes e independencia judicial.
Esta falta de renovación del CGPJ puede tener, y está teniendo, un impacto significativo en la estabilidad, eficiencia y calidad del sistema judicial en España, lo que a su vez nos afecta en el ejercicio de nuestras funciones y en la búsqueda de una justicia eficaz y justa para nuestros clientes.
